Baja California | 19 de Abril de 2021

Para llevar a cabo la expropiación es necesaria una indemnización de entre mil 500 a mil 200 millones de pesos, pero el gobierno estatal se niega a pagarlo, aseguró el abogado Adolfo Solís. Foto Ana Lilia Ramírez

Por

Por 

Ana Lilia Ramírez

Tijuana, 19 de abril.- El gobierno de Jaime Bonilla Valdez cambió las partidas registrales de los terrenos que ocupa el Club Campestre Tijuana para apropiarse de las 52 hectáreas que abarca, acusaron integrantes de la mesa directiva de la sociedad y anunciaron que se iniciará una acción legal para responder.

En conferencia de prensa en la que participó el presidente del Club Campestre, Mario Gastón Toledo, el abogado Adolfo Solís Farías, quien asumió la defensa legal ante la intención del gobierno estatal de expropiar el espacio para convertirlo en un área verde de acceso público, advirtió que no es posible hacer el cambio pues la Constitución protege la propiedad privada.

“La Constitución protege la propiedad privada; no se pueden alterar las partidas registrales, no porque seas tú el que tiene el monopolio en los sistemas institucionales no puedes cambiarlos o hacer una manipulación”, sentenció en referencia al cambio que, aseguran, se hizo en el Registro Público de la Propiedad.

El pasado 14 de abril, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial del Estado una "declaratoria de Utilidad Pública" del Club Campestre Tijuana, en la que argumentó la falta de áreas verdes en la ciudad, y anunció la intención de crear ahí el Complejo Interactivo Campestre con el que se atendería en parte ese déficit.

Durante la conferencia de prensa ofrecida este lunes, el abogado Adolfo Solís aseguró que el inmueble estaba a nombre de Club Social y Deportivo Campestre A.C. y fue cambiado a favor de Luis Fernando Verduzco, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Territorial (Sidurt), por lo que iniciarán acciones legales en su contra, las cuales se sumarán a las que ya se emprendieron contra el gobierno del estado.

“Aquí lo que quiero decirles es que el nombre del propietario lo eliminaron; se tomó una fe de hechos de ello y las partidas registrales que acreditaban su propiedad las borraron, los oficios con los que hicieron esos cambios no están disponibles, cuando deberían de estar disponibles”, señaló.

Para llevar a cabo la expropiación es necesaria una indemnización de entre mil 500 a mil 200 millones de pesos, pero el gobierno estatal se niega a pagarlo, aseguró el abogado.

El Club Campestre Tijuana da empleo directo a 225 personas y mil de forma indirecta, aseguraron los integrantes ante medios de comunicación, y aunque aseguraron que en el futuro podrían apoyar a la ciudad con áreas verdes, no dieron ninguna fecha.