cultura | 13 de Abril de 2021

La SC federal, por conducto del programa Cultura Comunitaria, puso en marcha los Diálogos entre creadoras: taller de composición literaria y musical, en el Centro de Reinserción Social femenil de Ciudad Obregón, Sonora, con la participación de la compositora, cantante y activista chilena Mon Laferte. Foto cortesía de la Secretaría de Cultura

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Mónica Mateos-Vega / La Jornada

Ciudad de México, 13 de abril.- El programa Cultura Comunitaria, que fue lanzado hace dos años como la iniciativa social más relevante de la Secretaría de Cultura federal (SC), opera en la actualidad en apenas 40 por ciento de los 720 municipios que pretendía abarcar y con 17 por ciento del presupuesto con el que arrancó, el cual fue de 400 millones de pesos, solo para sus primeros 12 meses.

La pandemia de Covid-19 frenó las actividades, pero también hubo contratiempos administrativos y de organización que ocasionaron que la iniciativa se encuentre en etapa de "reflexión, reestructuración y rediseño", explica Esther Hernández, directora general de Vinculación Cultural de la SC y cabeza del proyecto.

Este año, detalla en entrevista con La Jornada, de los cuatro ejes principales que sustentan Cultura Comunitaria, el que se mantendrá más activo es el de los Semilleros Creativos, con el funcionamiento de 300 de los 329 que operaban hasta diciembre de 2020.

La funcionaria agregó que se cuenta con solo 68 millones de pesos que principalmente se destinarán al pago de los maestros y promotores que aceptaron continuar trabajando bajo un nuevo esquema de contratación directa, luego de que se canceló el polémico modelo de manejo de nóminas mediante outsourcing.

Ante este panorama, que para propios y extraños luce desolador, la funcionaria mantiene el optimismo y afirma que Cultura Comunitaria "se va a recuperar, y el brillito va a ir creciendo, en función de las condiciones sanitarias de cada estado del país, para poder realizar actividades en espacios públicos".

Precisamente, el contacto con diversos públicos es el pilar del programa social, cuyo objetivo es "colocar a personas y comunidades en el centro de la política cultural, con el fin de romper los moldes del racismo y la exclusión, y tender puentes, mediante la cultura, para hacer comunidad", como se explicó cuando se lanzó en febrero de 2019.

Sin embargo, las actividades más vistosas, los llamados "jolgorios", están canceladas hasta nuevo aviso, "y no tenemos la proyección de que este año regresemos; dependemos mucho del entorno", señala Hernández.

Esa es una de las razones, añade, por las que el programa continuará sin lineamientos de operación, situación que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) recomendó subsanar en agosto del año pasado, cuando analizó el funcionamiento del programa.

Lineamientos en revisión
Esther Hernández dice que los lineamientos están en revisión en el área jurídica de la SC, "precisamente después de los resultados del Coneval los mandamos al jurídico y al Órgano Interno de Control de la secretaría, pero el asunto es que están trabajados desde una realidad nacional diferente y publicarlos así sería irresponsable, porque sería dar cierta expectativa que no sabemos si se podrá realizar. El jurídico nos sugirió esperar, estamos haciendo ajustes pensando en escenarios pospandemia; ahorita no es el momento".

Además, en 2020, informó la directora de Vinculación Cultural, los recursos que tenían asignados para gastos de operación, los cuales eran para “todo lo que no se pudo realizar, como producciones, audios, viáticos o traslados, se redireccionaron al sector salud; entonces, este año lo que tenemos es para servicios profesionales, tiene que ver con la garantía de seguir pagando a los maestros y a los promotores y continuar con actividades, pero por completo de manera digital o en algunas comunidades con todos los protocolos sanitarios y cierta temporalidad.

“Mientras no haya claridad acerca de si podemos volver y tener gastos de producción, sólo contamos con presupuesto para el pago de servicios profesionales. Será en función de los retornos que habría ampliaciones presupuestales.

"Cultura Comunitaria se va a retomar, pero tenemos que ir muy de la mano de la realidad y de cómo van avanzando las cosas. Se redujeron los espacios, pero seguimos con personal en los 32 estados, en 294 municipios", reiteró.

Trabajadores, preocupados por el futuro
Esther Hernández concluye que en estos momentos en el programa "estamos reflexionando para apostar mucho a los temas de formación. Cuando no se está en el acelere del trabajo cotidiano queda el espacio para la reflexión, para la discusión, para el intercambio de saberes, y es algo que estamos explotando muchísimo; va a ser muy bueno para el momento del retorno".

En diciembre, trabajadores de ese programa denunciaron en una carta pública que desde antes de la pandemia la "improvisación operativa" había ocasionado que Cultura Comunitaria comenzara a "hacer agua por todos sus flancos". Es decir, la pandemia no es el factor principal de la inoperancia al cien por ciento del proyecto, argumentaron.

Durante 2019, narraron, además de sufrir acoso laboral, saboteo, explotación y sobrecarga de trabajo, entre otros tropiezos, se mandó a varios promotores del programa “a lugares de alta peligrosidad para desarrollar o coordinar las actividades de Cultura Comunitaria sin ningún protocolo institucional de seguridad o estrategia territorial que tome con seriedad el contexto sociopolítico de nuestro país y los municipios de alta violencia y marginación en los que trabaja el programa. En muchos de los viajes pagamos con nuestro dinero y sin reposición el hospedaje, la alimentación y/o el transporte.

“Nos preocupa el futuro que nos espera a todos los trabajadores de la cultura que ejercemos nuestra profesión dentro y fuera de las dependencias del gobierno, con dinámicas y condiciones laborales como las que promueve el programa Cultura Comunitaria desde la SC. En vez de poner el ejemplo desde la Cultura Viva Comunitaria (siguiendo las políticas culturales innovadoras de esta corriente en Latinoamérica), reproduce prácticas injustas, respaldadas en un marco legal insuficiente.

"No alzar la voz sería faltar a nuestros principios y contribuir en un problema que nos afecta a todas las personas que laboramos en el campo artístico y cultural", señala el colectivo de trabajadores y ex trabajadores del programa, cuyos voceros son Fermín Valenzuela, Aisa Serrano e Ilse Ordaz.