diputados federales | 12 de Agosto de 2020

Aunque en el documento final “se trastocó la esencia y el modelo de gestión propuesto para que el status quo de la gestión del agua permanezca intacto, es así que ahora, ya como una iniciativa de ley las concesiones podrán seguir durando 30 años, pero con renovaciones automáticas”, señala consultor. Foto José Carlo González / archivo La Jornada

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Angélica Enciso L. / La Jornada

Ciudad de México, 12 de agosto.- A fin de que la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados no sea juez y parte de la iniciativa de la Ley General de Aguas, esta fue turnada a la comisión de Medio Ambiente, señaló la coordinadora Agua para todos. Indicó que hay varios proyectos de la ley, incluido el de esta organización, por lo que se integró un comité de redacción con 13 personas.

La versión de esa comisión, que servirá de base para la ley, trastocó el borrador original, ya que se mantienen concesiones de agua hasta por 30 años, señaló por su parte el consultor Miguel Ángel Montoya.

El grupo de redacción tiene representantes para cada una de las comisiones dictaminadoras, las de Recursos Hidráulicos y de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados, Recursos Hidráulicos y Estudios Legislativos en el Senado, indicó la coordinadora. Agregó que hay grupos de trabajo para analizar los principales temas de la ley, con la participación de los equipos promoventes de todas las iniciativas.

Sobre esta iniciativa, Montoya consideró que la comisión de Recursos Hidráulicos contó con un borrador construido por un amplio grupo de expertos en el que se retomaron las inquietudes expresadas en los 36 foros estatales organizados por esa instancia,

Aunque en el documento final “se trastocó la esencia y el modelo de gestión propuesto para que el status quo de la gestión del agua permanezca intacto, es así que ahora, ya como una iniciativa de ley las concesiones podrán seguir durando 30 años, pero con renovaciones automáticas”.

Indicó que habrá concesiones que no podrán afectarse y con vigencia a perpetuidad, mismas que habían quedado expresadas en los proyectos del PRI y del PAN en las dos anteriores legislaturas, que se conocieron como ley Korenfeld y ley Pichardo, que tuvieron gran polémica y rechazo.

Destacó en un análisis que además se incurrió en el "exceso de mandatar el otorgamiento de concesiones de agua ligadas automáticamente a la infraestructura hidroagrícola a cargo de la Conagua (al otorgar una concesión de agua se da también la infraestructura), lo cual opera en beneficio de 5 por ciento de los agricultores que concentran 78 por ciento del agua en el campo".

Señaló que lo más grave es que esto es en favor de los grupos de la delincuencia organizada ligados al narcotráfico, ya que como se sabe, la infraestructura no es sólo hidráulica o de riego, sino también de una amplia red de caminos.