28 de Febrero de 2021

Columna
Jorge Durand

Por enésima vez se va a presentar ante el Congreso de Estados Unidos una propuesta de ley para los dreamers, los jóvenes migrantes indocumentados, menores de 18 años, que llegaron con sus padres a Estados Unidos y se educaron en las escuelas, se enrolaron en el ejército o trabajan en actividades esenciales como la salud.

El argumento fundamental en su defensa es que ellos no cometieron un delito o una falta administrativa al entrar como indocumentados, los culpables fueron sus padres. Por otra parte, se reconoce su proceso de inserción en la sociedad, principalmente por su escolarización y por ser activos importantes para la economía estadunidense. Además, cuentan con el apoyo de la mayoría de la población.

Los dreamers fueron una de las herencias de Barack Obama, que hizo el programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que les concedía un estatus de protección temporal y que fue blanco de las iras y furias de Donald Trump, que lo quiso eliminar. Pero también fue rechazado por numerosos estados, encabezados por Texas, que incluso interpusieron demandas judiciales.

Son aproximadamente unos 3 millones de personas, que llegaron de jóvenes y niños a Estados Unidos, pero se estima que poco más de la mitad, 1.7 millones, podrían entrar bajo el paraguas de DACA, la disposición de Obama que les dio protección. En estos casos será esencial contar con credenciales educativas y tendrán especial consideración para los que se enrolaron en el ejército y los cerca de 75 mil que trabajan en el sistema de salud.

Muy posiblemente la propuesta de ley de 2021 sobre los dreamers sea lo primero que pueda lograrse del paquete general de reformas migratorias que propone el presidente Biden.

Una situación parecida a los dreamers es la de los migrantes con estatus temporal protegido (TPS por sus siglas en inglés), unos 320 mil, principalmente centroamericanos, haitianos y de algunas naciones africanas. La mayoría de ellos lleva más de 10 años en Estados Unidos y tienen que renovar cada cierto tiempo su estatus. También fueron amenazados por Trump y ahora pueden verse beneficiados con visas de residentes, que luego les den acceso a la nacionalidad estadunidense.

Por otra parte, el plan reformador de Joe Biden contempla recompensar a los trabajadores agrícolas que fueron considerados como esenciales durante la pandemia y que se rifaron por el país a pesar de ser los peor pagados. Una desbandada de trabajadores agrícolas habría sido catastrófica para Estados Unidos.

Se estima que trabajan en el campo 2.4 millones de trabajadores y que de este grupo podría ser beneficiarios 1.1 millones, de los cuales 85 por ciento o más, serían mexicanos. Este aspecto ciertamente es innovador, aunque hay que reconocer que en la reforma de 1986 (IRCA) también fueron contemplados. La agricultura depende de la mano de obra migrante, así fue diseñada desde hace décadas, y propiamente no hay nativos que trabajen en las piscas. El problema radica en que si se les otorga visa de residente, a lo cual tienen derecho y se lo han ganado a pulso, lo más seguro es que abandonen la agricultura. Se dice que se enfrentan a la disyuntiva del trabajo bajo un sol abrazador o el trabajo con aire acondicionado en un hotel, restaurante o comercio. Es decir, se crearía un desajuste en el mercado de trabajo agrícola que tendría que cubrirse con nuevos trabajadores indocumentados. Un círculo vicioso difícil de solucionar.

Finalmente, otro grupo importante que queda pendiente de regularizar son los migrantes irregulares que tienen parientes que son ciudadanos o residentes legales y que tendrían derecho a la regularización por la vía familiar. Son, por ejemplo, muchos de los padres de los dreamers o dacas o el par de millones de padres de familia que tienen hijos estadunidenses y que no tiene derecho a legalizar a sus padres hasta que cumplan los 21 años de edad. También hay cientos de miles de migrantes que tienen un estatus especial por tener empleadores o familiares que responden por ellos.

La política de postergar indefinidamente la toma de decisiones en los casos de migración, ha creado un problema mayúsculo que debe ser afrontado. Fue precisamente Trump el que demostró, de manera fehaciente, que no es posible deportar a 11 millones de indocumentados. En su gestión sólo deportó a 584 mil personas. Más aún cuando se necesitan de trabajadores para la recuperación económica de la nación.

Los números son estimaciones de Instituto de Política Migratoria (MPI), pero a la hora de la hacer los trámites, los que cuentan son los casos personales, el haber pagado impuestos y tener un récord limpio con la policía y la justicia. Cualquier error o imprudencia puede manchar un historial y la burocracia de eso se encarga, de detectarlos.

Como quiera, la regularización de tres, cuatro o cinco, siendo optimistas, sería de gran beneficio, no sólo personal, sino para la completa inserción de la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. Muchos de ellos podrán volver a México, después de muchos años en que habían quedado entrampados por su estatus irregular.